Aunque los momentos actuales son de gran incertidumbre para muchos compañeros, es necesario tomarse las cosas con el debido sosiego a no ser que persigamos alcanzar un estado de esquizofrenia permanente. Los centros municipales de Formación de Personas Adultas, de titularidad municipal, deben de poseer una autorización administrativa o un convenio de colaboración con la administración autonómica para que su actividad y enseñanzas sean reconocidas. ¿Qué significa esa situación de facto? Pues que en la actualidad ya estamos actuando por delegación de la competencia puesto que en ningún momento los ayuntamientos han tenido potestad para, al margen de la autoridad estatal -en su momento- o autonómica -una vez asumidas las transferencias educativas por parte de la comunidad autónoma- poder crear instituciones educativas reconocidas al margen de dichas autoridades. ¿Cuál es el interrogante que se abre con la nueva ley? La respuesta, a botepronto, es ¿cuál va a ser la posición adquirida por la autoridad autónoma ¿continuará delegando o por el contrario decidirá asumir la responsabilidad de mantener la totalidad de centros de FPA bajo su titularidad con lo que ello supondría? Se torna el problema en una mera cuestión de tipo económico ya que en el momento actual la Consellería d'Educació es incapaz de ofrecer -manteniendo el principio de igualdad de oportunidades entre la población- una oferta de educación presencias, semi-presencial o a distancia que cubra el actual espectro poblacional cubierto por la actual red de centros.
Continuando con la reflexión anterior comentaba que el tema se traducía -como casi todo en esta vida- en un asunto económico. Intentaré argumentar el asunto. La actual red de centros fundamenta el 90 % de su actividad en formación presencial. El peso del CEEDCV en la actividad de la FPA no creo que suponga un porcentaje demasiado elevado. ¿Acaso pensáis que la Conselleria d'Educació -en la actual coyuntura político-económica- va a ser tan osada de plantear un modelo alternativo al actual que suponga un descenso en el porcentaje de población atendida? ¿No pensáis -al menos eso creo yo a no ser que me demuestren lo contrario- que ante la próxima cita electoral mejor "no meneallo" por aquello de que la publicación de una nueva norma que incremente -en un sentido u otro- las restricciones y recortes que se están experimentado en nuestro territorio podría acelerar la pérdida de hegemonía política y la salida del gobierno al actual partido que dirige nuestros destinos?
Sin embargo, sería de una torpeza sublime quedarnos mirando el dedo cuando nos señalan a la Luna. ¿Qué modelos de FPA proponen los partidos que pueden ser alternativa de gobierno en nuestra comunidad?¿Cuáles son sus auténticas intenciones? ¿Simplemente utilizar al colectivo como moneda de cambio para poder alcanzar el poder? ¿Y después? Esto último nos induce a pensar que los diferentes colectivos que componen la FPA en nuestro territorio deberían exigir a todo el espectro político de nuestra comunidad autónoma la presentación de un modelo claro de FPA para nuestro territorio que reúna al menos tres condiciones:
1) Que sea viable
2) Que suponga una mejora con respecto al actual modelo y
3) Que sea capaz de reintegrar en su estructura a la red actual de centros de FPA ampliando la oferta de los mismos mediante las dotaciones oportunas y afianzando un modelo que suponga una igualdad de oportunidades reales para toda la población de nuestra comunidad.
Creo, como mucha otra gente,que los momentos de crisis son momentos inigualables para introducir auténticas revoluciones en la vida de las personas. Aprovechemos las oportunidades que se nos van a presentar teniendo muy claro que formamos parte indisoluble de lo que en el territorio de la Unión Europea llamamos Aprendizaje a lo Largo (y Ancho) de la Vida.
